A partir de que se publique la reforma al artículo 35 correspondiente a la Ley de Deuda Pública para el Estado, los municipios quedarán impedidos para celebrar contratos de financiamiento cuando éstos sean enfocados al pago de gasto corriente. Con esta medida se estará garantizando que los municipios no contraigan deuda destinada al gasto operativo; así lo dio a conocer el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Jesús Valenciano García.
El legislador refirió que la Ley de Disciplina Fiscal faculta a los estados para que establezcan medidas precautorias respecto a los financiamientos, y que con ese fundamento la propuesta presentada por el diputado Miguel Latorre Sáenz, se vio favorecida por el pleno estableciendo “la prohibición de realizar cualquier operación de crédito público, para financiar gasto corriente por parte de los municipios”.
El diputado Valenciano puntualizó que con esta modificación se elimina la posible confusión que pudiera generar la interpretación de la ley, quedando ahora enmarcada la prohibición, de manera general, “por realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente”; agregó que el artículo 117 es muy claro cuando menciona la limitación referida pues condiciona que la deuda pública habrá de contraerse solo cuando sea destinada a inversiones productivas, refinanciamiento de obras o programas, así como reestructura de instituciones.
El legislador celebró que el pleno haya votado a favor la iniciativa de Latorre Sáenz y advirtió que vienen tiempos donde los municipios habrán de ser cuidadosos al momento de celebrar algún tipo de contrato de deuda pública. Enunció también que la propia constitución establece una prohibición absoluta, y obedeciendo tal precepto, los diputados locales decidieron reforzar la ley con el fin de “cerrar definitivamente la práctica del endeudamiento subnacional, que los Estados de la Federación, practican ya desde varias décadas, adquiriendo créditos para corregir faltantes en su presupuesto anual”.
La reforma aprobada busca armonizar la legislación estatal con la Constitución Federal para prevenir el problema de endeudamiento irresponsable por parte de la administración estatal y los municipios, atemperando el daño que estas prácticas hacen a la economía nacional.
