La diputada Martha Rea y Pérez presentó un exhorto a la Fiscalía General del Estado a fin de que, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, difunda en su portal electrónico la identidad y datos estadísticos de las más de mil personas que permanecen desaparecidas, esto con el fin de promover la participación de la comunidad chihuahuense en su localización, así como la intervención de otros organismos que coadyuven a ésta labor, y con ello proporcionar a los familiares de las personas desparecidas, una certidumbre de que el proceso de búsqueda continúa.
En nuestro país, la información sobre desapariciones presenta un alto grado de dispersión, falta de claridad y carece de una estructura que mejore las búsquedas e investigación de casos. Actualmente existen 11 bases de datos de personas desaparecidas, lo que imposibilita dimensionar la realidad de la situación en el país, por lo que las cifras van desde los mil hasta 26 mil sin que se sepa con exactitud cuántas existen. Pero más grave aún es el saber que en 11 Estados de la republica, entre ellos Chihuahua, no es posible encontrar registros de personas desaparecidas e incluso hay un uso indistinto de términos, como “desaparecido”, “extraviado”, “ausente” y “no localizados”; de hecho, el mismo Gobierno federal, a través de sus programas, no permite identificar siquiera entre aquellas personas que desaparecieron o que están extraviadas.
La Fiscalía General, es el ente responsable de informar las cifras actualizadas sobre la actividad delictiva en el estado sin que a la fecha se cuente con dichos datos. En cambio, otros organismos manejan información más actualizada, como es FICOSEC, mediante el Observatorio Ciudadano de Chihuahua, así como los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación Federal, explicó la legisladora.
En el Estado de Chihuahua existen mil 554 personas desaparecidas, según estadísticas de Sistema Nacional de Seguridad Pública, registros que están relacionados con averiguaciones previas del fuero común acerca de gente que permanece sin localizar al 30 de abril del pasado año 2016, lo que coloca al estado en el quinto lugar a nivel nacional.
La falta de registros públicos sobre personas desaparecidas en el estado y en el país, evidencia que es imposible dimensionar su incidencia, lo cual exhibe la falta de políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Caso contrario es el protocolo Alba, emprendido por autoridades, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para la búsqueda de niños, niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, y gracias a las acciones de seguimiento a los trabajos en la implementación de los mecanismos de búsqueda y localización de personas, como lo es el protocolo “Amber”, ha sido posible encontrar al 80 % del total de niños, niñas, mujeres o personas reportadas como desaparecidas.
Es de vital importancia garantizar el derecho humano a los familiares de las personas en calidad de desaparecidos, y así sientan la atención y conozcan de la actividad que realizan las instituciones para garantizar la búsqueda de sus familiares, finalizó la diputada Martha Rea.
